Excelente planteo de Fede Heinz. Dilema planteado, pensemos alternativas entre todos! --- Federico Heinz <[email protected]> escribió:
Debo confesar aquí, públicamente, que la discusión acerca de si el Estado debe usar exclusivamente software libre o no me tiene muy aburrido. Esto es así por dos razones: una, ya hace varios años que no escucho argumentos nuevos que apunten a refutar la necesidad de que el software del Estado sea libre, y pelear siempre contra los mismos argumentos recalentados se vuelve tedioso. Dos, a esta altura, creo que ya todo el mundo tiene claro que aún si el Estado no necesitara usar *siempre* software libre, debería usarlo en la inmensa mayoría de los casos. Es decir, ya estamos todos de acuerdo en que el Estado debe usar software libre, ahora sólo tenemos que ponernos de acuerdo en hasta qué punto hay que llevar ese deber.
Me parece que ya es hora de pasar a otro debate, uno más rico y más difícil: ya sabemos "qué" tenemos que hacer. Ahora veamos el "cómo". Y no me refiero al "cómo" técnico. Creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos perfectamente cómo se podrían resolver las necesidades informáticas del Estado con software libre. El problema más grande no es técnico, es social y cultural.
Me consta que en muchos lugares del Estado argentino estarían mucho más avanzados en la implantación de software libre si no tuvieran tanta resistencia por parte de los usuarios, y si no estuvieran tan expuestos al chantaje de los proveedores privativos por su mala conducta previa.
Diego trajo a este debate el caso de una licitación muy mal hecha en el Ministerio de Economía de Argentina. Luego de leerlo, puse a trabajar a mis espías, y conseguí bastante información adicional sobre el tema. Esa licitación, que compra un montón de licencias de Windows XP y Office, apunta a legalizar el software sin licencia que está en uso en el Ministerio (básicamente, todo lo que sea Windows y Office no está debidamente licenciado).
Propongo como ejercicio que nos pongamos en los zapatos del responsable de sistemas del Ministerio, que tenemos como objetivo usar software libre, y veamos cómo resolveríamos el asunto nosotros. Enfrentamos varios problemas: * según la ley, somos responsables *personalmente* por toda copia sin licenciar que haya en cualquier lugar del Ministerio, de modo que tenemos constantemente la espada de Damocles de la auditoría sobre nuestras cabezas, con alta probabilidad de ir presos * no somos dueños de instalar lo que queremos en las máquinas de la gente, porque ellos lo cambian. En todas las máquinas que instalamos le ponemos OpenOffice, pero lo primero que los usuarios hacen (contra las normas expresas del Ministerio) es instalar MS Office. * hemos puesto normas muy estrictas respecto de que no se puede instalar nada en las máquinas, y tenemos una política de no dar soporte a máquinas con software adicional, pero cada vez que la queremos aplicar se arma un escándalo que termina en el Secretario de Forestación Ganadera llamándonos diciendo que su gente no puede trabajar porque nosotros no le damos soporte, y gracias a eso no pueden implementar su último programa social. * en particular el ministro, todo su equipo, sus asesores, secretarios, y todo el equipo de éstos insisten en traer al Ministerio sus laptops con Windows y Office, amén de todo el software que alguna vez les cayó en las manos, y varias toneladas métricas de virus, y no hay forma de convencerlos de que eso no respeta las normas de seguridad del ministerio. * quiero reemplazar todos los servidores de archivo NT por GNU/Linux con SaMBa, pero el representante de Microsoft ya me insinuó varias veces que si lo hago, al día siguiente tengo una auditoría de licencias
Esencialmente, estoy trabado desde abajo porque los usuarios se resisten a cambiar de tecnología, y sobre todo de usar nada que amenace el status quo de que esa es "su" computadora, y no del Ministerio. Y también estoy trabado desde arriba porque los responsables del Ministerio no tienen ninguna sensibilidad sobre la importancia del problema.
Por cierto, la licitación mencionada más arriba no es la solución al problema, pero debemos ser conscientes de que *existe* un problema, y no es sencillo de resolver.
En este sentido, creo que una ley como las propuestas, especificando que el Estado no puede usar software privativo ayudaría mucho a salir de esta situación. "Señor Ministro, me encantaría dejarle usar su laptop con Windows en la red del Ministerio, pero la ley lo prohibe" es mucho más corto contundente que tratar de explicarle intrincadas sutilezas técnicas informáticas a un lego.
Pero por más que apuntemos a que salgan estas leyes, tenemos que aspirar a que el software libre pueda irse usando cada vez más mientras tanto. Y además, no debemos ser tan necios de pensar que con la aparición de estas leyes va a desaparecer la resistencia de los usuarios (y sobre todo de sus jefes).
¿Cómo hacemos?
Fede
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