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Escenas de decadencia parlamentaria
Por José Natanson

 Aunque algunos lo rastrean hasta los griegos y romanos, el origen del
Parlamento suele situarse en la alta Edad Media, en las cortes o estamentos
integrados por el clero, la aristocracia y los hombres libres encargados de
aconsejar al rey, en particular en Gran Bretaña. Con el tiempo, las cortes
fueron reduciendo progresivamente el poder del monarca hasta que, superadas
las pretensiones absolutistas tras la victoria de los partidarios del
constitucionalismo en las revoluciones inglesas del siglo XVII, la posición
del rey quedó menguada y el Parlamento pasó a considerarse el representante
de todo el reino. Tras el Acta de Unión (1707), las cortes constituyeron la
base del primer Parlamento de Gran Bretaña, más tarde Parlamento del Reino
Unido, país que registra la máxima continuidad evolutiva de la institución
parlamentaria (cuya expresión es, desde luego, la Cámara de los Lores, hoy
presente como un vestigio momificado, pero formalmente intacto, del
parlamentarismo medieval).

Los parlamentos modernos, el inglés o aquellos paridos por la Revolución
francesa, inauguraron la representación política tal como la conocemos hoy,
en el sentido de un conjunto de legisladores elegidos por un período
determinado, sin mandato imperativo, encargados de formar gobierno y
administrar el Estado. Los Parlamentos liberales se sustentaban en el ideal
del diálogo como generador de soluciones racionales a los problemas del
país. Integrados por notables y votados por sufragio censitario, funcionaban
–más allá de la clásica división entre liberales y conservadores– como
defensores de los derechos de los propietarios.

El esquema estalló con la emergencia de las sociedades de masas, cuando las
presiones de las nuevas clases trabajadoras y pequeñoburguesas fueron
ampliando paulatinamente el sufragio hasta alcanzar, a principios del siglo
XX, el voto universal masculino. Esto sacudió el ideal del Parlamento
liberal como expresión de una nación homogénea y puso en crisis las
instituciones legislativas: el ideal de acuerdos intra-elites fue destruido
y la arena parlamentaria quedó contaminada por los conflictos y los
intereses de las masas. Fue la política la que solucionó el problema
mediante la creación de nuevas instituciones, los partidos y los sindicatos,
convertidos en los nuevos mediadores entre la sociedad (ahora pueblo) y el
Estado. (Angel Manuel Abellán, “Notas sobre la evolución histórica del
Parlamento y de la representación política)�.

Hoy el Parlamento, y no sólo el argentino, atraviesa una nueva crisis. Los
Parlamentos modernos son instituciones del Estado-nación pensados para
sociedades de mediana complejidad. El problema, como señala con lucidez el
sociólogo brasileño Marco Aurelio Nogueira (“Corrupción en el Senado
brasileño: síntoma de una crisis de larga duración�, revista Nueva Sociedad
225), es que el mundo actual –globalizado, transnacional, hipercapitalista,
superconectado– está conformándose como un sistema que supera a los Estados
nacionales (sin eliminarlos) y, al mismo tiempo, como una sociedad mundial
que no se refleja en un Estado mundial. Expresión de un Estado-nación con
funciones reducidas y en el contexto de decisiones trasnacionales que lo
exceden, el Parlamento pierde efectividad, poder y legitimidad (las
encuestas coinciden en que es la institución menos valorada por la opinión
pública).

Vivimos en sociedades de alta complejidad, en las que la modernidad dejó de
ser sólida y se volvió líquida, como sostiene Zygmunt Bauman, en un proceso
de derretimiento institucional que afecta todo lo instituido (incluyendo, o
empezando por, el Parlamento). Y vivimos también en sociedades en red, según
la definición de Manuel Castells, es decir en contextos en los que los
clásicos centros o referencias –del Estado a la religión, del Parlamento a
la policía– pierden potencia y capacidad de controlar a las personas y los
espacios.

En este marco, el sistema político –y en particular el Parlamento, en teoría
la expresión más plural y completa del todo social– se vuelve incapaz de
interactuar de forma virtuosa con la cultura y las estructuras sociales
derivadas de los nuevos términos de la vida globalizada, es decir, con
sociedades plurales, fragmentadas, reflexivas, veloces y explosivas. Todos
los centros tienden a perder capacidad de dirección en condiciones de alta
complejidad. Golpeado, deslegitimado, sufriente, el Parlamento se ve
atrapado entre el decisionismo de los gobiernos, que reaccionan con decretos
frente a la lentitud del sistema político, y las demandas de una sociedad
más exigente, atenta e informada.

Nogueira asegura que esta tendencia, común a casi todas las democracias del
mundo, se acentúa en los países latinoamericanos, que radicalizan su
modernidad sin calmar los dolores de su condición periférica. Los nuestros
son países hipermodernos pero periféricos, y comparten los problemas de las
dos condiciones existenciales: al hipermodernizarse, se cargan de
tecnología, información, mercado y competencia, y se convierten en países
veloces, plurales y fragmentados. Pero siguen siendo dependientes,
desiguales, internamente fragmentados. Se caracterizan por una ciudadanía
imperfecta, con bolsones de medievalismo y feudalismo, y por una democracia
que no puede completarse.

En América latina existen evidencias de la crisis estructural que atraviesan
los parlamentos, que en algunos casos se manifiesta en escándalos de
corrupción. El 8 de julio de 2005, el asesor del PT José Adalberto Vieria da
Silva fue detenido cuando, al pasar por los rayos X del aeropuerto paulista
de Congonhas, la policía descubrió que llevaba 100 mil dólares escondidos en
los calzoncillos. El escándalo derivó en el destape de las mensualidades que
el gobierno del PT pagaba a una serie de legisladores a cambio de su apoyo a
leyes clave, y poco a poco se fue esparciendo como leche derramada por todo
el sistema político: obligado a demostrar su inocencia, Lula le pidió la
renuncia a todo su gabinete, incluyendo a sus dos principales funcionarios,
el ministro de Economía y el jefe de la Casa Civil (equivalente al jefe de
Gabinete argentino).

Pese al escándalo, Lula logró evitar el impeachment que pendía como una
espada sobre su cabeza (en buena medida por el temor del PSDB, el principal
partido opositor, a una deriva populista a la Collor), se sobrepuso y obtuvo
su reelección. Pero el año pasado sucedió una nueva crisis cuando el
presidente del Senado, el veterano José Sarney, recibió varias acusaciones
de corrupción, malversación y fraude, que incluyeron una supuesta cuenta
oculta en el exterior, desvíos de fondos a una fundación controlada por él y
otros episodios por el estilo. La decisión de Lula de respaldar en su cargo
a Sarney, líder de su principal aliado político, el PMDB, llevó a una
parálisis del Senado, que literalmente dejó de funcionar durante meses,
hasta que el oficialismo consiguió los votos necesarios para recomponer su
mayoría y ratificar al senador.

Detrás de estas situaciones se encuentra la crónica debilidad de todos los
presidentes brasileños que, en un sistema centrífico e hiperfragmentado,
carecen de mayoría legislativa y deben buscar permanentemente alianzas de
ocasión: en la Cámara de Diputados, y a pesar de los buenos resultados
obtenidos en las últimas elecciones, el PT cuenta con 91 bancas sobre ¡513!,
a las que hay que sumar las 91 del PMDB (el partido de Sarney). La situación
es aún más grave en el Senado, donde el oficialismo tiene 10 bancas sobre
81.

Pero los escándalos no son el único síntoma de crisis de los parlamentos
latinoamericanos, donde también se han vivido situaciones de insólito
bloqueo. En México, país en el que desde el fin del unicato priísta el
presidente carece de mayoría en ambas cámaras, los trámites legislativos se
vuelven lentos y las retribuciones a los partidos-bisagra, en particular el
PRI, costosísimas. En noviembre del 2006, cuando ya finalizaba su mandato,
la oposición le negó a Vicente Fox el permiso para salir del país en su
última gira internacional por Vietnam y Australia, que debió suspender. La
respuesta de Fox, insospechado de inclinaciones kirchneristas, parece una
copia textual del actual discurso oficial. “El equilibrio de poderes no es
una carta blanca para que un poder debilite, obstaculice o neutralice a
otro.�

Por último, no resulta sorprendente que algunos de los procesos de reforma
constitucional concretados en los últimos años en los países andinos no
hayan encontrado mayores resistencias a la hora de disolver los respectivos
Congresos: en el caso de Chávez, la reforma constitucional de 1999 anuló al
viejo Congreso e incluso creó una institución provisoria, que los medios
denominaron “Congresillo�, encargada de legislar hasta la elección de un
nuevo poder legislativo unicameral. En Ecuador, Rafael Correa también
consiguió que la Asamblea Constituyente disolviera las antiguas cámaras,
para lo cual impulsó, al filo de la legalidad, la suspensión de los 57
diputados –y su reemplazo por suplentes– que se oponían a la reforma.

Con estos ejemplos (hay más) pretendo argumentar que los sucesos de las
últimas semanas –los decretazos del gobierno, la negación del quórum de unos
a otros, la suspensión de sesiones, el rol clave de los bloques-bisagra– son
el reflejo de una crisis profunda y de larga duración, que afecta a muchos
congresos del mundo. Cuando el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, como
sucedió en Argentina hasta hace poco tiempo, los problemas se disimulan
(aunque incluso en esas etapas hay síntomas: ¿cómo se explica si no que, en
circunstancias favorables, el gobierno recurra a la delegación de facultades
–vía superpoderes– o abuse de recursos institucionales extremos –los
decretos de necesidad y urgencia o el veto parcial–?). Sin embargo, es
cuando el oficialismo pierde el control de las cámaras que la crisis se
manifiesta en toda su intensidad: las escenas de decadencia parlamentaria de
las últimas semanas son sólo un capítulo de una historia que aún no ha
concluido.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-142005-2010-03-14.html


-- 
Pablo Manuel Rizzo
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http://pablorizzo.com
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