[Solar-general] AMIGOS, NECESITO DE SU ASESORAMIENTO..

Marcos Guglielmetti marcos en ovejafm.com
Vie Oct 30 00:03:11 CET 2009


On Thursday 29 October 2009 19:34:50 Marcelo Marti wrote:
> HOLA AMIGOS DE SOLAR
>
> Hace mucho tiempo que no me comunico por razones laborales, pero en esta
> oportunidad es muy importante que sepan que el Ministerio de Educacion de
> la provincia de Tucuman habilitó las inscripciones en los padrones docentes
> por via Internet y hace discriminación con quienes usan SL y solo admite el
> Internet Explorer. Mi esposa no se pudo inscribir porque tenemos Mandriva
> en la máquina. Les dejo el link para que verifiquen Uds. mismos:
>
>  www.educaciontuc.gov.ar/index.php?Itemid=97&id=331&option=com_content&task
>=view
>


veo esto:

"Joomla! Logo
Ministerio de Educación - Provincia de Tucumán
Esta Web, temporalmente, no está disponible.
No se puede conectar a la base de datos del servidor"

está hecha con SL: Joomla, pero se ve q tiene un problema

no creo que ese problema sea el que tuvieron uds


> Me gustaría saber cómo se puede denunciar esta maniobra, que claramente es
> un contrato oculto entre Mocosoft y el gobierno de Tucumán. Por mi parte
> haré una carta al Director de los diarios locales haciendo conocer el tema.
> En toda la semana estaré entrando a la lista para estar en contacto. Un
> abrazo a todos.

Buenisimo

Ahora ¿cómo sabés si es un contrato "oculto" o de qué clase?

por qué habría de ser oculto?

En todo caso lo que se puede esbozar también como argumento es esto:

http://www.mastermagazine.info/articulo/13149.php

no hay casos en materia legal que digan que "Forzar el uso de software 
privativo desde el Estado es Anti-Consitucional", pero en los hechos puede 
serlo.

Y eso a los políticos les duele.


Cito el artículo antes mencionado (e insisto en que es "en teoría" así)

"Es anti-constitucional forzar a los ciudadanos a utilizar un software de 
determinada empresa para relacionarse con la administración pública.

Los ciudadanos que no son clientes de empresas como Microsoft u Oracle son 
discriminados por las administraciones públicas argentinas que utilizan 
estándares cerrados (documentos .doc, .xls, flash, software privativo), es 
decir, por la mayoría del software instalado en dependencias estatales. Como 
la inmensa mayoría de los ciudadanos de hecho no son clientes de Microsoft u 
otras empresas proveedoras del Estado, el mismo se encuentra violando la 
Constitución del país.

A la vez, el Estado discrimina a las empresas que ofrecen competencia, en 
especial a las que basan sus modelos de negocio en el Software Libre. Por si 
fuera poco, se crea una distorsión del mercado al apoyar expresa y 
exclusivamente a una empresa sentenciada judicialmente y penada como 
monopolio en los dos mayores mercados del mundo: EEUU y la Unión Europea.

La Constitución de la Nación Argentina expresa en su artículo 42 que tenemos 
derecho a la libertad de elección y condiciones de trato digno y equitativo. 
Cuando un organismo de gobierno utiliza un software como Windows u Office de 
Microsoft y nos obliga a utilizar el mismo software de una determinada 
empresa para comunicarnos con esa autoridad, la libertad de elección queda 
reducida a cero. Es el caso, por ejemplo, de la AFIP y el software SIAP, pero 
existen cientos de ejemplos en toda la Nación.

Si hablamos de la provincia de Buenos Aires, en la cual se está desarrollando 
un Plan de Acción 2008-2011 especialmente pensado para que Microsoft y otras 
multinacionales del software privativo vendan sus productos y servicios, 
teniendo como antecedente el hecho de que se ha firmado un pacto 
llamado "Alianza por la Educación" con Microsoft, la Constitución de la 
Provincia también juega en contra de tales preferencias.

El derecho al gobierno democrático es algo inalienable de todo ciudadano según 
lo expresa el Artículo 2 de la Constitución de Buenos Aires, dado que todo el 
poder público emana del pueblo.

Según el Artículo 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, todos 
somos iguales ante la ley, gozamos de los mismos derechos y garantías que 
establece la Constitución Nacional; no se admiten distinciones, 
discriminaciones ni privilegios y es un deber de la Provincia promover el 
desarrollo integral de sus habitantes, en pos de la igualdad de oportunidades 
y la participación de todos en la organización política, económica y social; 
algo que es incompatible con dejar fuera a quienes no sean clientes de una 
empresa determinada (la mayoría), tal como veníamos explicando anteriormente.

En tal sentido, es útil conocer nuestros derechos para hacerlos valer ante las 
autoridades, y al mismo tiempo estar informados sobre cuáles son los planes 
estatales en materia de informatización y de qué modo se están llevando a 
cabo. "

-- 
Marcos Guglielmetti

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