[Solar-general] BILL gates atrapado en mexico

Lun Feb 20 15:46:25 CET 2006

Increible, hay que difundir esto por todos lados

> Lean esta noticia... que no se le ha dado la difusion
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 Sufre Bill Gates revés en México
13 de Febrero del 2006
Actualizado: 12:20:21 AM hora de Cd. Juárez 	
El magnate estadunidese
# Microsoft y otros gigantes de computación, falsearon datos para acusar a
empresa mexicana de usar software pirata

Jorge Carrasco Araizaga
PROCESO
Distrito Federal— Una abusiva estrategia de venta le salió cara a Bill Gates
en México y puso al descubierto la forma en que las grandes compañías de
computación estadunidenses, aprovechándose de la justicia mexicana, intimidan
a las empresas nacionales con el pretexto del combate a la piratería.

Una historia de invención de delitos, falsificación de pruebas e inducción de
testigos terminó en una condena de 90 millones de dólares en contra de
Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated, Autodesk Incorporated y
Symantec Corporation, empresas que dominan el desarrollo, fabricación y venta
de programas de computación en el mundo.

Desde las oficinas corporativas de esas empresas en Estados Unidos, no de sus
representaciones en México, hace más de siete años salió una ofensiva judicial
y mediática que, además, reveló cómo esas firmas cuentan con un brazo
operativo sin vínculos formales con ellas, pero que se dedica a vigilar,
investigar y denunciar en el mundo a las empresas por la real o supuesta
utilización y reproducción de sus programas sin el pago de derechos.

Las firmas estadunidenses echaron a andar su maquinación el 13 de noviembre de
1997, cuando su apoderado legal, Carlos Schmidt Ruiz del Moral, interpuso ante
la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por piratería en
contra de los socios y empleados de la empresa Consultores en Computación y
Contabilidad (CCC), que entonces era una de las principales empresas dedicadas
a la distribución de equipos de cómputo en el país por “telemarketing”.

Se trataba de una empresa familiar establecida en 1990 por Víctor Armando
Rendón Alatorre, su esposa Melba Delfina Ojeda Solís y sus hijos Víctor
Armando y Pablo Ángel. Contra ellos, las corporaciones pedían seis años de
cárcel. Además, de ser cierta la acusación, les impondrían penas por evasión
fiscal.

A pesar de estar sustentada en pruebas y declaraciones falsas ante el
Ministerio Público, un juez federal dio la orden de cateo. Éste se cumplió el
11 de agosto de 1998, con un operativo para el cual la PGR convocó a la
prensa. “Entraron y rompieron todo. Se metieron a las máquinas. Se
sorprendieron porque no encontraron nada. Buscaron maquinaria para reproducir
“software” y tampoco encontraron nada. Me dijeron que se tenían que llevar a
alguien: ‘Afuera están los reporteros’”, cuenta Rendón Alatorre.

Instrumento de coerción

Ante la falta de evidencias, dice, las trasnacionales le “pidieron 10 mil
dólares por el “software” pirateado o continuaban la acción penal. Yo tenía
miedo de enfrentarme a esas empresas, pero la acción legal se mantuvo”. Y
siguió también la suma de irregularidades, como la de presentar facturas
falsas de la empresa con fechas posteriores a la demanda, a pesar de haber
sido ofrecidas como pruebas al momento de la denuncia.

“Utilizaron documentos falsos fechados en julio de 1998, siete meses después
de la demanda. No fue un descuido, sino un plan, pues no fue casualidad que el
operativo haya coincidido con el lanzamiento en México del programa Windows 98
de Microsoft. Querían hacer ruido entre los distribuidores: ‘Si le pegamos a
CCC, le podemos pegar a cualquiera’. En el fondo, lo que pretendían era
aumentar sus ventas a partir del terror”, considera Romo.

Su abogado, Jorge Asali, avala esa consideración. Cuenta que en la página de
Internet de Microsoft en México, la empresa recomendaba como herramienta de
venta denunciar la piratería, porque ello causaba miedo a los infractores y
los obligaba a pagar altos costos. “Decía que esto servía normalmente para
subir las ventas de la empresa. Dimos fe de este hecho ante un notario
público. Se lo hicimos saber a la empresa y de inmediato sacaron esta
información de su página”.

La intención de las empresas demandantes al utilizar facturas falsas fue
demostrar la supuesta piratería, ya que el “software” de las computadoras que
vendía CCC no estaba desglosado. Le dijeron al Ministerio Público que la falta
de desglose significa que se trataba de programas piratas. “Era una mentira
más, pues ninguno de los distribuidores de ese equipo hace esa separación”,
señala Romo.

El recurso de las facturas falsas puso al descubierto que en México operaba la
Business Software Alliance (BSA), una organización internacional de
desarrolladores de programas de cómputo y comercio electrónico que actúa en 65
países, de acuerdo con declaraciones judiciales de su asesor externo Richard
E. Neff.

En realidad, dice Asali, la BSA actúa como una policía virtual que no tiene
patrimonio ni domicilio, ni está constituida como sociedad.

Ante la inconsistencia de la acusación, la Fiscalía Especial de Delitos de
Propiedad Intelectual de la PGR no le quedó más que decretar, en julio del
2000, el no ejercicio de la acción penal. Rendón continúa: “Dos años después,
la PGR me exoneró. Pero perdí a mis clientes, como la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y Televisa. En ese tiempo mis hijos, que eran
estudiantes, fueron señalados por sus compañeros como hijos de delincuentes.
Mi esposa terminó con problemas de salud y, en mi caso, durante el tiempo que
acudí al Ministerio Público, siempre tuve el miedo de que ya no regresaría a
mi casa”.

Contrademanda

Ya exonerado, Rendón decidió demandar en San Diego, California, a las cuatro
empresas por los daños causados, puesto que fueron las oficinas centrales de
esas empresas en Estados Unidos las que promovieron la acción en su contra. La
causa se abrió en el Tribunal Superior de Los Ángeles en octubre de ese año.

Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated, Autodesk Incorporated y
Symantec Corporation se opusieron a que la demanda se radicara en Estados
Unidos y señalaron que, por tratarse de una empresa mexicana y de hechos
ocurridos en territorio mexicano, debía interponerse en México. En febrero de
2002, el juez estadunidense de la causa, Robert L. Hess, obligó a los
demandados a que se comprometieran mediante un documento judicial a “pagar las
sentencias definitivas dictadas por los tribunales mexicanos”. La empresa de
Bill Gates y sus codemandadas aceptaron.

Una primera condición del juez fue que las corporaciones evitaran alegar la
prescripción de los delitos cometidos, pero fue lo que antepusieron cuando el
caso llegó a los tribunales mexicanos. Debido a la prescripción de los
delitos, la acusación terminó en una demanda por daño moral interpuesta en
marzo de 2002.

Después de casi tres años de que el caso pasó por el Juzgado Primero de lo
Civil del Distrito Federal, la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal (TSJDF) y el Tercer Tribunal Colegiado del Primer
Circuito en el Distrito Federal, el 12 de diciembre de 2005 el juez Primero de
lo Civil, Víctor Manuel Silveyra Gómez, sentenció a las empresas a pagar 90
millones de dólares a CCC.

El fallo del juez se derivó de una sentencia firme e inmodificable de la
Octava Sala del TSJDF del 27 de octubre de 2004, en la que se responsabilizó a
las firmas estadunidenses de diversos ilícitos cometidos en agravio de la
empresa mexicana, por lo que deberán de reparar, en forma solidaria, el daño
moral causado a la empresa familiar por el monto que debía establecer el juez.

Los magistrados de la Sala señalaron que el juez debía tomar en cuenta que las
firmas estadunidenses causaron un daño “grave” a CCC y que el grado de
responsabilidad de las demandas alcanzó “su máximo nivel”. Precisaron que
Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated, Autodesk Incorporated y
Symantec Corporation cometieron varios actos ilícitos en su arremetida contra
la empresa mexicana.

Los ilícitos consistieron en denunciar ante el Ministerio Público Federal
(MPF) a los dueños y empleados de CCC por piratería y solicitar una orden de
cateo que fue cumplida y televisada. Rendón, presidente de CCC, las
responsabiliza también de haber proseguido la demanda a pesar de conocer de la
inocencia de los acusados.

Otros cargos en contra de las empresas estadunidenses, identificados por los
magistrados de la Octava Sala, fue declarar falsamente ante el MPF y presentar
ante esa instancia como testigos de los hechos falsos a personas cuyo
testimonio había sido fabricado, comprado y aleccionado. Las responsabilizan
también de presentar ante el MPF documentos falsos para incriminar a la
empresa mexicana y de requerir documentos e información a CCC para acreditar
su inocencia, a sabiendas de que esas peticiones eran imposibles de cumplir.
Las empresas están obligadas a comprar espacio en Televisa y en Televisión
Azteca para dar a conocer la sentencia.

De acuerdo con los abogados de CCC, Jorge y Luis Asali y Pablo Ojeda, el pago
al que fueron condenadas las empresas estadunidenses representa apenas el 0.16
por ciento de su capital contable, el cual de acuerdo con las propias cifras
de las firmas alcanza conjuntamente los 55 mil millones de dólares.

El costo que ha tenido para las empresas su arriesgada estrategia de venta se
ha incrementado también, por lo que han tenido que desembolsar para pagar a
los despachos contratados, que a pesar de su influencia no las han podido
sacar del atolladero en que se metieron. Han puesto su caso en manos de los
bufetes jurídicos de Salvador Rocha, de los abogados Hernández Romo y del ex
procurador capitalino José Antonio González Fernández. Además, tuvieron que
contratar a Eduardo Luengo Creel para ex carcelar al apoderado legal de
Microsoft, Agustín Medina Ruiz, por declaración falsa ante el juez en el
juicio civil. Recientemente, contrataron a Alberto Sepúlveda, del despacho
White and Case.

La millonaria sanción, sin precedentes para empresas estadunidenses
establecidas México, no ha sido conocida hasta ahora por los accionistas de
dos de las empresas sancionadas, Microsoft y Symantec. Como empresas que
cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, están obligadas a reportar a la
Comisión de Valores (Securities Exchange Comission) contingencias legales como
esta.

Con todo, en su reporte de diciembre pasado omitieron esa información, por lo
que sus inversionistas desconocen la condena y su “modus operandi” en México,
dice Asali.

En abril próximo habrá una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles,
en la que se le informará al juez de la sentencia en firme de la reparación
del daño que están obligadas a pagar las empresas.

-- 
Diego Saravia 
dsa en unsa.edu.ar
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