http://www.clarin.com/diario/2005/01/12/elpais/p-01401.htm Algo sobre el decreto de vigilancia. Las empresas también están en contra. ..................................................................... QUEJAS POR INVERSIONES PARA ALMACENAR INFORMACION SOBRE COMUNICACIONES Empresas de Internet van a la Justicia por decreto de seguridad Es el que las obliga a entregar información sobre sus clientes a la SIDE. ________________________________________________________________________ Luis Ceriotto. [email protected] Luego de dos meses de un silencio absoluto, las empresas de telecomunicaciones están comenzando a plantear reparos legales a un decreto del Gobierno que las obliga a efectuar inversiones adicionales para auxiliar a la Justicia y a la SIDE en los seguimientos de secuestros y casos de narcotráfico. El decreto exige que la infraestructura adicional debe estar lista y en funcionamiento para junio de este año y especifica que el costo de esas inversiones debe correr por cuenta de las empresas. Los empresarios, a su vez, plantean que afectará profundamente la naturaleza del negocio, sobre todo a las firmas más chicas. También cuestionan que deban proporcionar información confidencial a la SIDE. La nueva normativa nació como consecuencia de una de las leyes que el Congreso sancionó a partir de los reclamos de Juan Carlos Blumberg, padre del estudiante secuestrado y asesinado en marzo del año pasado. La ley modificó un artículo de la Ley de Telecomunicaciones, para agilizar el acceso de los organismos de seguridad a los elementos de comunicación de las bandas de secuestradores o narcotraficantes. Por esa razón, los empresarios están manejando el tema con pie de plomo, con la intención de evitar que sus quejas sean interpretadas como una muestra de mala voluntad. La Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE), que nuclea a la mayoría de proveedores de servicios de Internet, ya llevó el tema a la Justicia. "Coincidimos con los objetivos de incrementar la cantidad de elementos que permitan a las agencias del Estado a que mejoren la seguridad. Pero ese rol lo debe cumplir el Estado, no las empresas", dijo Patricio Seoane, titular de CABASE. La entidad presentó un recurso de amparo a mediados de diciembre basado en dos reclamos: * Que las erogaciones para los equipos adicionales sean financiadas por el Estado. * Que la Justicia determine si es constitucional que las empresas entreguen información a un organismo del Estado que no sea un juzgado, como la SIDE. En las empresas más grandes, como Telefónica y Telecom, no quieren anticipar si harán alguna movida. Pero admitieron que tienen el tema en estudio. "Seguimos evaluando el impacto económico de la medida", dijeron voceros de Telefónica. "Para una empresa chica, las nuevas inversiones equivalen a 10% de su facturación total a lo largo de un año. Son costos hundidos", agregó Seoane. -- Beatriz Busaniche http://www.d-sur.net/bbusaniche/