Bloggers Report<http://www.bloggers.com.ar/system/noticia_detalle.php?id_prod=473> 21/09/2006 - Software libre en el Estado [image: ¿Si o no?]¿Si o no? Con tantas dudas como presupuesto sobre sus escritorios, los funcionarios se desvelan por resolver una cuestión que preocupa a todos los proveedores del sector privado: La opción del software libre. (Por Sabrina L. Díaz Rato) El software libre viene conquistando espacios claves en el ámbito público, ya sea por razones de costo o por la evaluación positiva de sus aplicaciones. Pero al mismo tiempo crece la polémica entre proveedores, funcionarios y actores vinculados con el sector. Sobre todo cuando resuena la propuesta de impulsar una ley nacional. De lo que Bloggers pudo averiguar, desde 2003 hasta la fecha sólo tres proyectos de ley fueron redactados en el ámbito de la comisión de Comunicaciones e Informática del Congreso. Ninguno de esos proyectos fue discutido por el legislativo. Por el momento, no se conocen iniciativas similares, pero. Sin embargo, en el sector hay quienes creen que en cualquier momento puede aparecer algún nuevo proyecto que establezca un marco jurídico para el uso de software en el ámbito público. En la edición de *Bloggers Nª 228*<http://www.bloggers.com.ar/contenido/newsletters/39_1157637122.html>, el gerente de Sistemas de la ANSES, Pablo Fontdevila, reclamaba: "La Argentina debería promover el software libre en el Estado", y colocaba como principal referente las iniciativas que está tomando el gobierno del Brasil. Por su parte Carlos Achiary, titular de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), órgano rector en materia de empleo de tecnologías en la Administración Pública Nacional, califica de "pésima" a la idea de Fontdevilla. Según su visión, de concretarse "le quitaría al Estado la posibilidad de elegir y nos pondría ante la obligación de gastar mucho dinero en soluciones que ya tenemos hechas. La Argentina no puede darse ese lujo", enfatiza. La negativa ante una eventual ley de promoción de software libre cobra mayor fuerza en el sector privado, pero por otros motivos; "Iría en el camino inverso y significaría menos industria", asegura Carlos Pallotti, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) quien advierte que no hay que confundir la promoción de software libre con informatización del Estado; "Primero debemos tener instrumentos que puedan tener fuerza de ley o no, para el impulso de la informatización del Estado y una gestión pública transparente, para luego definir los estándares tecnológicos. Por lo pronto suena como urgente que se comience una tarea de integración de las áreas del gobierno nacional", señala. Desde la óptica de Beatriz Busaniche, miembro de Fundación Vía Libre y FSFLA, "una ley de software libre sería el marco apropiado para fijar términos de adquisición de software para la APN". Según señala, "el uso del software no depende de una definición de estándares tecnológicos, sino de los términos jurídicos para que el Estado use una aplicación de software. Es una opción legal, de licencias, no de estándares técnicos", dice. También considera que el concepto de neutralidad tecnológica sólo es posible justamente "cuando los estándares son abiertos", y añade que de esa manera "permiten la libre concurrencia de proveedores, se basan en estándares documentados públicamente, con un conjunto de posibles oferentes y con la posibilidad de que cualquiera desarrolle sobre esos estándares la aplicación que se requiere". *La clave del estándar *Respecto a los estándares, la ONTI ha dado el paso necesario. Según su director, se trata de una cuestión "clave" y asegura que la política es "sin fisuras". Achiary adelantó que antes de fin de año se va a lanzar el primer estándar de inteoperabilidad en el Estado nacional basada en estándares abiertos, aceptados por toda la industria para que todos puedan competir. Pese a los avances, el Estado continúa en la mira de los proveedores de tecnología. No sólo se ha dicho en más de una oportunidad que el gobierno se ha convertido en su principal competidor –por contratar y usar recursos humanos para los propios desarrollos- sino que además debería convertirse en uno de los principales compradores de tecnología. En ese sentido, el titular de la CESSI sostiene que el Estado "no es un comprador destacado para la industria" y según estima, "menos del 15 por ciento del gasto en informática se vuelca al sector privado, y de éste un porcentaje aún menor a la industria. Si invirtiera más sería un gran dinamizador de la industria local". Entonces, ¿cómo afecta a la industria que el Estado adopte software libre? Para Pallotti, hoy no se necesita una ley para que el Estado compre lo que considere mejor y más eficiente para la administración y para dar cuenta a sus ciudadanos; "Sea libre, abierto o propietario, lo que se necesita es que lo haga y que vea si con esto puede ayudar a hacer crecer una industria claramente dinámica en la Argentina". Pero para Busaniche, se da un movimiento contrario. "El software libre no va en contra del desarrollo del sector porque justamente fomenta enormemente y dinamiza el sector de pequeñas y medianas empresas relacionadas a los servicios basados en software". De acuerdo con su visión, "el modelo de venta de licencias puede ser pan para hoy y hambre para mañana", advierte y apunta que "un gobierno que realmente pretenda tener una política de Estado y generar empleos, fomentar la capacidad local y movilizar al sector de servicios informáticos, puede y debe avanzar en fomento de software libre. El modelo de licencias privativas no sólo es antieconómico, es fomento de monopolios y dañino para la libre competencia". Mientras tanto, en la órbita del Estado "la tendencia se dirige hacia un uso mayor y consideramos el software libre como una fuerte alternativa tecnológica", dice Achiary pero asegura que no tienen una "posición ideológica a favor o en contra". De hecho, alude, "AFIP, SIU, Registro de Automotor y la propia ONTI están a la vanguardia en relación al uso de las ventajas que ofrece y contamos con un ambiente colaborativo a través del Foro de Responsables Informáticos para que los más avanzados ayuden a los organismos que estén empezando a desarrollar aplicaciones". Como se sabe, uno de los organismos gubernamentales más informatizados y que más utiliza software libre es AFIP. Cuenta con miles de PCs con linux y open office y tiene gran parte de su front end de Internet basado en linux y en software libre. Para Achiary esta configuración "está perfecta", pero recuerda que en una oportunidad se encontraron con un problema técnico para el manejo de colas de mensajes. "La solución que había de software libre era mala, entonces compraron un software propietario que funcionó como pieza de ese mecano que le solucionó el problema. No hay ideología, hay solución de problemas. Porque la tecnología es un medio, no un fin, al servicio de las soluciones".Algo que contradice Busaniche, porque de acuerdo con su visión; "la decisión entre software libre o software privativo no es una cuestión que simplemente se pueda hacer por opciones de programas que funcionan bien o no. El Estado debe tener la posibilidad de elegir entre opciones que le garanticen respeto por principios esenciales a la ciudadanía como la transparencia, la perennidad de los datos, la economía y una gestión óptima de recursos escasos y la seguridad de la información". La discusión es larga. Si la elección de software libre para la administración pública no es una cuestión de decidir entre una aplicación u otra, sino de velar por ciertas responsabilidades que el Estado tiene con sus ciudadanos, como resalta Busaniche, eso quiere decir que el Estado no es un consumidor más en el mercado. Por el contrario, antes que cualquier otra cosa, tendrá que tomar definiciones en virtud de la mayor responsabilidad, que es la de velar por los intereses de los ciudadanos.