Injerencia de la Iglesia Católica en decisiones legislativas sobre el matrimonio civil “¿A qué llama ‘familia’ la Iglesia?” A partir de la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, el autor advierte sobre la intervención de la Iglesia Católica: “Que una forma histórica sea presentada como natural exige uniformar, homogeneizar, y ésta es una razón por la cual las jerarquías eclesiásticas se adaptaron mejor al orden de las dictaduras que al desorden democrático”. Por Jorge Jinkis * Hay una suposición: que existen expertos, especialistas científicos, de la psicología, de la biología, de la genética, de la jurisprudencia, que son llamados a decir sus ocurrencias con los vestidos de la ciencia. Cierta ingenuidad y también un poco de impostura alientan esta especie de bullicio democrático que la pobreza y mediocridad teológica que domina en nuestro medio confunde con un aquelarre. No voy a apelar a documentos etnográficos ni recordar las múltiples estructuras de parentesco que existían y que persisten para subrayar el carácter social e histórico de algunas instituciones de las culturas, entre ellas el llamado matrimonio. Esta idea romana que adquirió un estatuto jurídico en nuestro Occidente, facilitaba que una mujer pasara de la tutela, protección o servidumbre respecto de su padre a la obediencia a un marido que garantizaba el carácter “legítimo” de sus hijos. Hay todavía huellas de este modo de dominación, pero también es cierto que existen muchas otras formas de convivencia social, también familiares, que no se reducen al matrimonio y están hoy reconocidas por el derecho. No es imprescindible el matrimonio para “conyugarse”, para establecer un “enlace” o para “contraerlo”, como ocurre a veces con un resfrío. Hay innumerables palabras que hablan de aquellas huellas a las que hemos aludido. Por lo demás, el “matrimonio entre personas del mismo sexo” es una denominación poco feliz. En primer lugar porque suele ocurrir que cada una de las personas tiene el suyo y obligarlas a compartir “el mismo” me parece una extralimitación abusiva. Se agrega a ello que cualquier ojeada histórica sobre el matrimonio entre personas –como se decía hasta hace poco– de “sexo opuesto” deja ver que se trata de uno de los escenarios preferidos de la famosa disputa o guerra entre los sexos, gente extraña que muchas veces se encapricha, precisamente, en compartir el mismo sexo. Es fácil advertir que no soy un fanático del matrimonio, del matrimonio a secas, aunque esa falta de humedad atenta contra institución tan respetable. Y como en nuestro país existe un casamiento civil, tampoco me parece conveniente instalar alguna instancia jurídica que supervise la fe, la buena fe como condición de un casamiento religioso, cualquiera sea la religión. Eso se conoce con el nombre de separación del Estado y la Iglesia. La cuestión que se discute puede pasar desapercibida entre tanto ruido. No se trata de saber si hay formas psicopatológicas de la sexualidad, como de la injerencia de las autoridades de la Iglesia Católica argentina, que pretende legislar sobre nuestros amores y goces sexuales. Tiene todo el derecho a sostener su posición sobre esos asuntos y tratar de incidir sobre su grey; ningún derecho sobre esa pretensión. Es difícil hablar de esto sin historiar las complejísimas relaciones que existieron entre la Iglesia y los gobiernos de Perón, en algún momento idílicas, en otros ásperas y hasta incandescentes. No hay lugar aquí para recordar esos antecedentes. Pero hay que decir que en aquellos tiempos la Iglesia acentuó su milenaria tendencia (que se remonta a los años 300) a recostarse en el Estado, en el poder secular, perdiendo confianza en su influencia espiritual para alcanzar sus fines. También es cierto que en nuestro país esto lleva el sello de estilo de la Iglesia española, que colocó la tarea de evangelización bajo el paraguas de lo que era el imperio nacional. En febrero de 1929, Mussolini, por Italia, y el cardenal Gasbarri, en representación de Pío XI, firmaron un tratado político y un acuerdo económico por el cual quedó establecido el Estado soberano de la Ciudad del Vaticano. Más pequeño que la República de San Marino, pero con más predicamento, fue reconocido por la legislación internacional y mantiene relaciones diplomáticas con otras naciones. El jefe de ese Estado es el Sumo Pontífice, quien reúne en su persona funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Algo más efectivo que un mero DNU, lo que ahorra varios inconvenientes. Para ocupar ese cargo no se requiere haber nacido en ningún lugar específico: todos los cardenales que tienen residencia en el Vaticano tienen nacionalidad vaticana sin perder la de origen. Por dar un ejemplo, si Francisco de Narváez tuviera la vocación y aptitud adecuada, no encontraría en su nacionalidad un obstáculo para su candidatura. Se trata de un Estado propiamente dicho, que acuña su moneda, que dispone de sus servicios económicos, sanitarios, educativos, y como se le reconoce una misión espiritual, sus dignatarios intervienen en la política de otros Estados sin las trabas que encuentran o la prudencia que se espera de los diplomáticos de otros países. Gozan de una inmunidad ecuménica de límites insondables, como fue el caso, por dar otro ejemplo, del obispo castrense monseñor Baseotto, quien proponía medidas apocalípticas para proteger la salud pública. Hace ya siete años circula en lengua italiana un Lexicón de la Iglesia Católica, que define a la homosexualidad como un “problema psíquico”, “contrario al vínculo social”. Fidelísima con la doctrina de Estado de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Argentina emitió en abril de este año un documento que declara: “La unión de personas del mismo sexo carece de los elementos biológicos y antropológicos propios del matrimonio y de la familia”. Es difícil (pero ocurre) que un psicoanalista se haga el sordo a estas afirmaciones presentadas como consideraciones espirituales sobre instituciones sociales e históricas. Cuando los psicoanalistas escuchamos a sacerdotes homosexuales, no nos encontramos con una circunstancia clínica que no sea política. Resulta que llegan a la consulta por su condición de sacerdotes y no por su homosexualidad, convencidos de que la Iglesia no tiene la menor idea de cuáles son “los elementos biológicos y antropológicos propios de la familia”. Es cierto, como dice Juan B. Ritvo (Página/12, 3 de junio de 2010), que el inconsciente se presta poco a las discusiones parlamentarias, “a lo mejor porque conmueve las bases mismas de la sociedad civil en el particular ligamen del erotismo con la muerte”. Estoy de acuerdo, y ese plano no es ajeno a la política, así como la política no se reduce a las discusiones parlamentarias. Como el inconsciente, ella entra cada tanto a los consultorios de los psicoanalistas. El cardenal Jorge Bergoglio no dejó pasar la oportunidad del Tedeum del Bicentenario para rechazar el matrimonio entre personas homosexuales durante su homilía. Y ya antes, el Arzobispado había declarado que: “Dado que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires es el garante de la legalidad en la ciudad, el jefe de Gobierno, a través del Ministerio Público, tiene la obligación de apelar el fallo”. Esta intervención de un argentino, y que es legítima para cualquier argentino sea o no jesuita, resultaría inadmisible para cualquiera que tuviese una investidura concedida por otro Estado, aunque fuera nativo de estas tierras y tuviera motivos espirituales análogos. Pero, ¿a qué cosa llama “familia” la Iglesia? ¿Qué entiende por “matrimonio”? ¿Recordará que Israel fue la Esposa de Dios (antes de que se prostituyera)? ¿Tiene en cuenta que ella es “Esposa” de Cristo aunque Jesucristo tiene miles de “Esposas”? ¿Por qué llama “hermanos” y “hermanas” a personas que no están unidas por ningún lazo jurídico o de sangre? ¿No hay en la Iglesia “Padres”, “Madres”, “Hijos”? ¿Tendríamos que pedirles que concurran a los tribunales terrenales a legitimar esos títulos? Me disculpo, pero la pregunta me resulta irresistible: ¿no faltan abuelos y nietos? ¿O todo esto es un modo de hablar sin consecuencias? No lo creo. Todo es más pobre. La Iglesia acepta más o menos llamar “familia” a la unidad de consumo burguesa compuesta por mamá y papá casados con hijos concebidos (no sólo pensados) dentro de un matrimonio consagrado (y extiende su benevolencia a formas cercanas). El problema es que quiere hacer pasar esta forma de la familia como la forma “natural”, base de la estructura social (también natural) y condición de la reproducción de la especie (aunque la especie se las arreglaba bastante bien antes de la existencia de la Iglesia). El problema lo enunciamos al comienzo. Que una forma histórica (de cualquier institución) sea presentada como natural de la especie humana es plantear una exigencia de uniformar, de homogeneizar, de universalizar, una especie de “globalización” avant la lettre. Y para ello, ¿qué mejor recurso que apelar a una legislación que imponga o prohíba? Es por eso, entre otras razones –pero ésta es una razón un poco descuidada–, que las jerarquías eclesiásticas de la Iglesia Católica Argentina se han adaptado mejor al orden que impusieron los gobiernos dictatoriales en nuestro país que a los desórdenes democráticos. Debe ser penoso para los cristianos convencidos que una de sus iglesias crea que la ley perfecciona al creyente mejor que la gracia. ** Psicoanalista. Director de la revista Conjetural. Autor del libro Indagaciones, de reciente aparición (ed. Edhasa).* Link a la nota: http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/psicologia/9-149045-2010-07-08.ht... -- Pablo Manuel Rizzo ------------------------------- http://pablorizzo.com -------------------------------