[Solar-general] Ley modelo de acceso a la información

[Pablo Manuel Rizzo]

El grupo de expertos explica que su objetivo es fijar estándares
mínimos para que el ejercicio del derecho a acceder a la información
pública se garantice en sus Estados miembro.

Por Teodelina Alvarez


El acceso a la información pública es un derecho fundamental de la
ciudadanía y pieza clave para el control de la gestión pública. Hasta
la fecha, este principio se encuentra diseminado en diversas
instancias del sistema jurídico nacional e internacional sin que
exista un marco normativo unitario. En este contexto, el pasado 29 de
abril, un grupo de expertos integrado por representantes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Jurídico
Interamericano, representantes de distintos Estados, académicos y
organizaciones de la sociedad civil, presentó ante el Consejo
Permanente de la OEA una ley modelo de acceso a la información pública
para la región. Su objetivo: fijar estándares mínimos para que el
ejercicio de este derecho se garantice en sus Estados miembro. Se
espera que el documento sea aprobado en la próxima Asamblea General de
la organización panamericana a celebrarse el 6 de junio en Lima.

“Vamos paso a paso. Esta ley modelo lo que busca es replicar los
estándares internacionales en la materia. Lo fundamental que contiene
esta reglamentación es que brinda un marco para garantizar la máxima
publicidad de la información que tiene y que produce el Estado con
dinero del erario”, explicó a Página/12 la secretaria ejecutiva de la
Alianza Regional, Karina Banfi, una coalición de 24 organizaciones de
la sociedad civil de distintos países de Latinoamérica que participó
en la presentación del texto. “Una ley modelo no es una convención, no
es vinculante. Simplemente es un documento de consulta, que sirve
tanto para la reflexión, como para la modificación y realización de
leyes ajustadas a los lineamientos internacionales. Hoy estamos en la
fase uno. Pero su mandato es importante, porque actúa como fuente de
derecho y puede ser invocada dentro de los documentos del derecho
internacional”, aseguró la especialista.

Aunque aún falta andar camino para que el acceso a la información
tenga en todos los países de la región un soporte jurídico claro y
equitativo, este primer paso marca un claro precedente para servir
como modelo de ley en el hemisferio. “El objetivo es sacar una
reglamentación que finalmente entre dentro del derecho interno de cada
país y sea obligatoria. De esto se trata este documento. De lograr una
incidencia sobre las legislaturas y los representantes para que
acomoden sus legislaciones a esta guía internacional”, agregó Banfi.

La ley modelo presentada en Washington no sólo reafirmó la necesidad
de una máxima publicidad en la información aplicada a toda autoridad
pública de una nación, órgano u organismos propiedad del gobierno y
organizaciones privadas que reciban fondos públicos, sino que además
resaltó la necesidad de que la misma sea regular, proactiva y abierta
a cualquier persona que lo solicite. El documento destacó que las
excepciones debieran ser específicamente establecidas por ley y que en
caso de que exista una negativa a proveer información, se podrá apelar
la decisión ante los tribunales de justicia. Una de las resoluciones
más innovadoras del documento apunta a la necesidad de establecer una
Comisión de Información nacional en cada país con autonomía operativa,
estipulada para supervisar y velar por su adecuado cumplimiento.

En la actualidad son más de 15 los países en América latina que ya han
sancionado sus propias leyes de acceso a la información. México,
Nicaragua, Guatemala, Chile y Uruguay son algunas de las naciones que
ya cuentan con esta herramienta mientras que Brasil se encuentra en
pleno proceso al haber dado el 13 de abril último la medida sanción a
un proyecto de ley en Diputados. En las próximas semanas, la Cámara
alta resolverá la aprobación del texto que contiene, entre otras
cosas, una clara definición del derecho, una amplia cobertura que
incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, una apertura
absoluta a información relacionada con la protección de los derechos
humanos, y sanciones claras para la obstrucción de su ejercicio.

En nuestro país, aunque el acceso a la información se encuentra
consagrado en el artículo primero de la Constitución Nacional y se ha
suscripto a varios tratados internacionales de jerarquía
constitucional que lo protegen –como la Convención Americana de
Derechos Humanos–, aún no existe una ley nacional que lo regule. El
jueves de la semana pasada las Comisiones de Asuntos Constitucionales
y de Justicia de la Cámara de Diputados, con el aval tanto de
oficialismo como oposición, comenzaron a debatir la necesidad de
sancionar una ley orgánica de acceso a la información. Hasta la fecha
existen más de 20 proyectos presentados por distintas fuerzas
políticas en el Parlamento. Su última discusión fue en 2004, cuando la
iniciativa para reglamentar el pedido de datos en poder del Estado
fracasó en el Senado.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elmundo/4-145413-2010-05-10.html

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Pablo Manuel Rizzo
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