[Solar-general] Fw: interesante debate (compartir archivos-España)

[felix]

El proceso a Pablo Soto sienta en el banquillo la herramienta de descargas,
y no a quien la usa Puestos a hacer paralelismos, el debate podría
remontarse a los albores de la civilización, cuando los primeros bípedos
pulieron los huesos de sus presas para servirse de ellas como herramientas,
pero también como armas. ¿Quién es el culpable del apuñalamiento? ¿El que
empuña el puñal o el que lo forja? Este viejo sofisma, envuelto en un halo
de tecnología, aún levanta polémica a propósito de las descargas de
Internet. Algunos programadores han diseñado sistemas de compartir archivos
mediante redes descentralizadas en las que miles de internautas son al mismo
tiempo clientes y servidores, en una comuna informática anónima en la que
nadie le pide cuentas a nadie de lo que sube a la Red o lo que se descarga.

Bueno, nadie, exactamente, no. Porque la llamada industria cultural,
integrada por discográficas, grandes estudios cinematográficos y empresas de
videojuegos, estiman que esos programas vulneran la ley, al permitir que se
adquieran gratis películas, música y contenidos sujetos a derechos de autor.
Y como no pueden perseguir uno por uno a los millones de internautas, han
puesto su dedo acusador en los creadores de esos programas, denominados
gráficamente P2P (de persona a persona).

En España, las discográficas han llevado a juicio a Pablo Soto, un joven de
29 años, brillante programador autodidacta quien, pese a no haber pisado la
universidad, ha sido capaz de idear programas P2P como Blubster, Manolito y
Piolet, utilizados por 25 millones de usuarios, rivalizando con auténticos *
top* como eMule o Ares. No es la primera demanda por las descargas -hay más
de una veintena en marcha contra responsables de *webs* que facilitan
enlaces- pero sí la primera contra un diseñador de *software.*

"La tecnología es siempre neutral, no se puede acusar a ningún desarrollador
por el uso que le den luego los usuarios. Ninguna aplicación está diseñada
para transmitir ningún archivo en concreto, ni con *copyright* ni sin *
copyright.* No me siento cabeza de turco, pero tampoco el héroe de las
descargas ilegales", decía Soto a la entrada del juicio celebrado el mes
pasado en Madrid.

La Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y las
multinacionales Warner, Universal, Emi y Sony le piden 13 millones de euros
por el perjuicio causado al haber violado presuntamente la propiedad
intelectual de su catálogo y por competencia desleal debido a que se lucraba
con una ventaja competitiva sin pagar los correspondientes derechos.

El asunto tiene varios precedentes internacionales. Napster, uno de los
precursores del P2P que llegó a contar con más de 25 millones de usuarios,
fue cerrado en 2001 por orden de un juez estadounidense por violar los
derechos de autor. Aceptó pagar 36 millones de dólares (26 millones de
euros) a las discográficas. Ahora es una tienda legal con un catálogo de
seis millones de canciones que se promociona como vendedor ideal de
contenidos para el iPod y el iPhone.

Kazaaa tomó el relevo de Napster, pero también acabó en los juzgados.
Primero un tribunal en Australia le ordenó que pusiera los medios necesarios
para impedir que sus 100 millones de usuarios descargasen canciones con *
copyright.* Luego, la compañía se doblegó ante las discográficas
estadounidenses y aceptó pagarles una indemnización de 100 millones de
dólares (72 millones de euros). Reconvertida en respetable, y financiada por
publicidad, ahora se anuncia como la primera firma del P2P bajo la más
absoluta indiferencia de los usuarios.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de MGM y otros 27 estudios
cinematográficos contra Grokster, que diseñó un P2P para descargar
películas. En 2005, se cerró el sitio. Aún hoy si se teclea la página
*web*aparece un aviso amenazante: "Hay servicios legales de descargas
de música y
películas. Éste no es uno de ellos". Luego, te advierte de que tienen tu
dirección IP (la que identifica la conexión de cada ordenador) y concluye.
"No pienses que no puedes ser pillado. No eres anónimo".

No obstante, las discográficas españolas harían mal en fiarse de estos
ejemplos. El derecho anglosajón de propiedad intelectual no tiene nada que
ver con el español. Y prueba de ello es que han perdido casi todas las
batallas en los tribunales. En España no es delito descargarse archivos
(incluyendo los protegidos). Y tampoco lo es montar páginas *web* de enlaces
a esos archivos como han dictaminado numerosos fallos judiciales (Sharemula,
agujero, eliteDivX, por citar algunos casos). Únicamente tienen una
sentencia a favor, la de un juzgado de La Rioja que declaró culpable este
año al administrador de la *web* Infopsp por lucrarse facilitando enlaces
para descargar archivos, y le condenó a seis meses de prisión y una
indemnización. No obstante, esta sentencia se produjo por aceptación del
inculpado para evitar afrontar indemnizaciones millonarias en un proceso
civil, por lo que difícilmente podrá ser referente para futuros procesos, ni
crear jurisprudencia.

Por eso, la industria de contenidos ha decidido abandonar la vía penal,
consciente de que enviar a la prisión a alguien que facilita la labor a los
más de ocho millones de internautas que se calcula que realizan descargas en
España no da precisamente una buena imagen. En lugar de prisión, exigen
indemnización. Y Pablo Soto es la punta de lanza de estrategia.

"No se puede criminalizar a alguien que ha creado una herramienta
tecnológica. Crea una incertidumbre absoluta para todos aquellos que
apuestan por la innovación. Estados Unidos intenta imponer su influencia en
la legislación porque defiende su industria cultural, que es la segunda que
más aporta al producto interior bruto. Mantener el *status quo* es
beneficioso para ellos, pero, ¿lo es para España? Están intentando imponer
un modelo cultural de derechos de autor que proviene del siglo XIX, y que no
es válido para la economía digital del siglo XXI", apunta Enrique Dans,
profesor del Instituto de Empresa y uno de los mayores expertos en Internet.

El juicio se presenta ya juzgado, al menos ante la opinión pública. De un
lado, Soto, un programador joven que apela en su *blog* a "compartir el
arte". Y, de otro, la todopoderosa industria discográfica, que intenta
crujirle en los juzgados. "Es muy curioso que intenten presentar a Soto como
una especie de ONG, y a nosotros como las discográficas diabólicas, con rabo
y pincho, que intentamos ir contra ese joven emprendedor. Lo que no dicen es
que Soto no es un pobrecito *mileurista* sino alguien que vive muy bien, que
puede permitirse tener tres abogados en su defensa, y que ha ganado mucho
dinero vendiendo programas cuyo fin último es descargar música protegida por
derechos de autor. Soto cobra incluyendo publicidad en sus páginas. En el
juicio salió que no acepta anunciantes por una cantidad menor de 10.000
dólares (7.000 euros). Y, además, también cobra por la versión Premium de
sus programas", dice Emiliano Figueroa, representante legal de Sony Music.

Pablo Soto, a través de su empresa MP2P Technologies, SA, no niega que se
financie con publicidad, y está al alcance de cualquier usuario que la
versión Premium de sus programas, que elimina los anuncios, cuesta 19,95
dólares (14,4 euros).

El programador, que afirma que "la única forma de defender el arte es
compartiéndolo", protege tanto la versión Premium como la gratuita de sus
programas bajo los derechos de autor, los mismos que él denuncia por
obsoletos en el caso de la música que se descargan sus usuarios. David
Bravo, uno de los tres abogados de Soto, justifica en su *blog* este
detalle: "El *software* del que se habla no está desarrollado ni explotado
por Pablo Soto, sino por una empresa -con su plantilla de programadores y
sus accionistas- de la que Soto es administrador". A Bravo se le olvida
decir que Soto es también principal accionista de MP2P Technologies, la
empresa que explota sus programas.

En este punto, los argumentos empleados por Bravo coinciden con la postura
de las discográficas para llevar a Soto a los tribunales. "En los últimos
años han desaparecido casi todos los estudios de grabación, los músicos, los
técnicos de sonido, las tiendas de música. Las descargas están acabando con
miles de puestos de trabajo para que haya gente como Soto que se lucre
vulnerando los derechos de autor. Se habla siempre de las discográficas como
entes maléficos, pero tienen sus accionistas, sus empleados y sus familias
detrás", dice Figueroa, de Sony.

Y es que pese a que unos y otros hayan convertido el debate en una cuestión
metafísica, en el fondo no se sustancian los inmaculados derechos de acceso
a la cultura libre de los internautas ni la recompensa al compositor o al
guionista que se rompe la cabeza para crear canciones o películas. Se trata
de un asunto mucho más trivial: dinero.

Todos se juegan mucho. La patronal discográfica, según sus propias cifras,
ha visto cómo las ventas han caído un 30% en el primer cuatrimestre de este
año, y culpa de ese desastre a las descargas. No se paran a pensar que tal
vez ya nadie está dispuesto a pagar 15 euros por un CD del que sólo interesa
una canción. Del otro lado, los desarrolladores de programas de *software* y
de enlaces como Soto no son colegas que realizan un programa en un garaje y
lo ponen a disposición del mundo, sino empresas, con sus accionistas y su
cuenta de resultados. Nada que ver con el espíritu libertario de los
programas P2P pioneros como eMule, a disposición de todos los usuarios, sin
publicidad, sin administradores, sin abogados y sin pagar un euro.

"Los músicos son un colectivo que siempre han permanecido cerca de la
tecnología. Sin embargo el caso de Pablo Soto es bien distinto. Se juzga a
unas empresas de las que él es administrador y responsable y que han basado
su modelo de negocio en la explotación de una tecnología que básicamente es
una herramienta para piratear música y se alimenta de nuestras grabaciones.
El propio Soto reconoció que cuando se le ocurrió crear sus programas fue
cuando cerró Napster y porque 'vio una oportunidad de negocio'. A esto se le
llama ánimo de lucro", señala Antonio Guisasola, presidente de Promusicae.

Muchos piensan que hay que reconducir el debate al primer párrafo de este
artículo: ¿Es lícito criminalizar al creador del programa? Entre ellos está
Julio Alonso, director de Weblogs, unas de las principales empresas de *
blogs:* "Es obvio que las herramientas no son ni buenas ni malas, lo pueden
ser sus usos. Un creador de herramientas idea un instrumento para resolver
un problema, una necesidad. Pero, además, muchas veces las herramientas
acaban resolviendo muy bien un problema para el que inicialmente no fueron
concebidas. Claramente la responsabilidad en cuanto al uso es de los
usuarios. Esto, salvo en los casos extremos de instrumentos de destrucción
masiva y sin usos alternativos (tipo bombas nucleares), que obviamente no es
el caso de Soto".

Javier Muñoz Pereira, director de iAbogado.com, un bufete especializado en
derecho de propiedad intelectual, no duda en enfrentar el debate del
cuchillo y la culpabilidad: "Quien distribuye un dispositivo con el objeto
de promover su uso para vulnerar los derechos de autor, y fomenta
deliberadamente esa vulneración (no desarrollando filtros, vendiendo espacio
publicitario, más rentable cuanto mayor sea el volumen de intercambios,
etcétera), debería responder de los actos resultantes de la infracción por
los usuarios que utilicen el dispositivo, con independencia de que éste
sirva también para usos lícitos. El argumento es del Tribunal Supremo
americano en el caso Grokster y Morpheus, plataformas similares a las de
Pablo Soto. Si aceptamos la metáfora del cuchillo, podemos responder que hay
un reglamento de armas que prohíbe determinadas armas blancas por ser
inadecuadas para sus fines o suponer un peligro objetivo para la seguridad
ciudadana, y a todo el mundo le parece bien. Si el cuchillo que vendo se
utiliza en el 99% de los casos para cometer asesinatos y en un 1% para pelar
naranjas, y yo promuevo constante y lucrativamente el primer uso, alguna
responsabilidad tendré".

Algunos de los argumentos empleados por defensa y acusación en el juicio de
Soto resultarían surrealistas para cualquier usuario de P2P, incluso para el
más novato. La defensa, por ejemplo, alegó que los que usan los programas de
Soto pueden compartir no sólo canciones o películas sino apuntes o fotos
personales. ¿Un estudiante de Edimburgo se descargaría Manolito para
compartir los apuntes de historia británica con un colega anónimo de un
instituto de Albacete que subiera sus apuntes de Ciudadanía? Desde las
discográficas, se exigió que Soto incluyera en sus programas un sistema de
filtrado que creara *listas negras* de sus artistas para impedir las
descargas y se quejaron de que se saltaran los protocolos DRM, sistemas
anticopia que protegen archivos con derechos de autor. Pero las
discográficas saben perfectamente que no existe ninguna tecnología que
permita discernir los archivos que están protegidos por derechos y los que
no, y que son ellas las responsables de introducir DRM en los artículos que
comercializan, y no un tercero como Soto.

Así las cosas, el debate ha derivado en un asunto de militancia. Ambos
frentes se han dogmatizado hasta límites delirantes. Se exige estar a favor
o en contra. Cualquier matiz es considerado un ataque personal y doctrinal.
Miguel �ngel Uriondo, periodista especializado en tecnología y reputado *
bloguero,* intenta aportar algo de cordura: "Por el lado de la industria
cultural no entiendo nada. En lugar de crear un modelo sostenible e
inteligente para su negocio, basado en la venta o alquiler de contenidos de
gran calidad, ingente catálogo y a bajo precio, usando las modernas redes de
telecomunicaciones existentes y compensando la caída en ingresos unitarios
con el aumento por volumen, defienden a muerte un modelo de negocio caduco e
irrelevante. Pero también por el lado de los internautas, donde muchas veces
se tiende a mezclar el argumento legítimo con la descalificación personal o
la crítica absurda".

El juicio de Soto está visto para sentencia. Sus programas son bendiciones
para miles de internautas. Intuitivos, manejables, rápidos y técnicamente
impecables. Y además son gratis. Pero, ¿son culpables? Que lo digan los
jueces.
Enredados en los tribunales

- En España, la descarga de archivos por programas P2P es completamente
legal, aunque estén sujetos a derechos de autor. Ningún usuario ha sido
nunca condenado por hacerlo.

- Las discográficas han denunciado a las páginas de enlace de archivos P2P
pero han perdido casi todos los procesos (Sharemula, TodoTorrente,
Agujero.com, etcétera). Sólo hay una condena penal firme contra la web
Infopsp, por aceptación del acusado.

- El juicio contra Pablo Soto, creador de programas como Manolito o
Blubster, es el primero contra un desarrollador de software en España. Las
discográficas le piden 13 millones de euros. Está listo para sentencia.

- En EE UU, fueron condenados a indemnizaciones millonarias los creadores de
programas como Napster, Kazaa y Grokster por violar la propiedad
intelectual. Se cerraron o llegaron a un acuerdo con discográficas y
estudios cinematográficos para legalizar su actividad.

fuente:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/software/juicio/elpeputec/20090617elpepisoc_1/Tes
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