[Bah-sanse] [Bah-general] JUICIO AL LABORATORIO 03

[Mari Sol]

El día 8 de marzo tendrá lugar el juicio oral contra 16 personas acusadas de 
okupación/usurpación en Madrid. En esos 16 ciudadan en s, hombres y mujeres, 
jóvenes y no tanto, la mayoría vecin en s de Lavapiés, se personaliza la 
responsabilidad penal por la existencia, durante 16 meses, de El Laboratorio 
03, centro social autogestionado okupado en Lavapiés el 8 de febrero de 2002 
y desalojado por la policía antidisturbios el 9 de junio de 2003.

Desde el punto de vista estrictamente penal, la okupación es un delito 
castigado con la cárcel desde la aprobación del nuevo Código penal (art. 
245) vigente. Desde un punto de vista más amplio, sin embargo, son muchos 
los sectores ciudadanos que vieron en El Laboratorio 03 una iniciativa 
social singular y legítima, un acto permanente de denuncia de la 
especulación urbanística y un modelo sumamente creativo de autoorganización 
de las experiencias sociales, culturales, artísticas, políticas, vecinales 
que se desenvuelven independientemente de la cultura, los discursos y los 
dineros oficiales. Así se manifestó durante los 16 meses de existencia de El 
Laboratorio03, cuando decenas de colectivos e iniciativas sociales y 
culturales mostraron su adhesión al proyecto, aportando declaraciones de 
apoyo, realizando las actividades que le dieron vida y forma o participando 
activamente en su desarrollo. En la página web de El Laboratorio 
(www.laboratorio3.net) aún se puede ver parte de los acontecimientos que 
tuvieron lugar en torno a El Laboratorio 03. Un amplio dosier recoge 
asimismo la mayor parte de las actividades y propuestas que se realizaron en 
El Laboratorio 03.

Quizá el juez al que corresponde dictar una sentencia (sr. Francisco Ferrer 
Pujol, del juzgado de lo penal núm. 5) para estas 16 personas no quiera 
enredarse en estos términos y determine que, por más que el valor social de 
El Laboratorio fuera ampliamente reconocido, la ley exige un castigo a la 
okupación, y condene a estas personas: para ellas la acusación particular, 
en representación de la propiedad, pide un total de 8 años de multa, 
valorando en 144.000 euros la cantidad total a pagar para no ingresar en 
prisión.

Sin embargo, para nosotr en s, los hechos que se juzgan no son tan sencillos.

De antiguo, pero nuestro ejemplo más reciente es el movimiento 
antimilitarista por la insumisión, los movimientos sociales, bajo cualquier 
régimen, han postulado el recurso a la desobediencia cuando las leyes 
sancionen situaciones injustas. Valorar cuándo una situación social es 
injusta no es fácil: hay lógicos cruces de intereses.

Para el sector inmobiliario y de la construcción madrileño no es injusto, 
sino muy rentable, mantener vacíos o demoler edificios en buen estado de 
conservación, llevados por el interés de obtener el máximo rendimiento 
económico: los daños colaterales, la escalada de precios de la vivienda, la 
mercantilización del espacio público, la destrucción de patrimonio, el 
despilfarro energético y de recursos, las consecuencias sociales que la 
intervención tenga sobre el territorio intervenido, son consecuencias de las 
que no cabe responsabilizarse.

Para los sectores que no pueden acceder a una vivienda o a un espacio donde 
desarrollar sus proyectos ciudadanos, los abandonados por los poderes 
públicos a un mercado que los excluye o los margina, para esos sectores, la 
situación es injusta.

Y la ley que regula el conflicto entre los sectores, excluidos por el 
mercado y marginados de la construcción de la ciudad, que buscan (y toman) 
un espacio de vida, por un lado, y el sector inmobiliario y las 
administraciones públicas que olvidan los derechos sociales (el derecho a un 
alojamiento, el derecho a participar en los asuntos comunes, el derecho a 
tener espacios para el desarrollo individual y colectivo), por otro, la ley 
que sanciona la okupación, opta abiertamente por proteger solo uno de los 
intereses en conflicto: el de los propietarios. Por eso, para la gente que 
constituimos El Laboratorio, la ley contra la okupación nos parece 
abiertamente injusta: y merece ser desobedecida. Así lo hacemos.

Porque otros órdenes del derecho, los derechos sociales, la función social 
que debe regir el uso de la propiedad, el derecho a participar en los 
asuntos públicos, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los 
medios necesarios para el desarrollo individual y colectivo, derechos 
expresados en algunos de los textos legales que nos rigen, están 
abiertamente olvidados.

Porque esta ley sanciona a los desfavorecidos por una situación que es de 
sobra conocida: la mercantilización y la especulación que hacen que la 
vivienda sea un negocio para unos la convierten en un problema para otras; 
los espacios públicos, privatizados, deficientemente gestionados, son 
inservibles para buena parte de las iniciativas sociales; la participación 
en los asuntos públicos parece reservada a formas de la política profesional 
aborrecibles y a modos de organización jerárquicos y premodernos; la cultura 
es un reservorio más del dinero; la comunicación es un simulacro entre 
guiñoles; la precariedad de los trabajos y de las rentas convierte en 
invisibles las vidas de quienes no tienen acceso al consumo masivo y se 
resisten al cotidiano ordenadamente disciplinado.

En febrero de 2002, con la okupación de un edificio en Amparo 103 -El 
Laboratorio 03-, varios cientos de personas firmaron una declaración en la 
que se autoinculpaban de sostener, por medio de un acto de desobediencia, 
los derechos sociales perdidos, usurpados; y se proponían, con un acto de 
denuncia, confrontar esa situación injusta; y se disponían, con un acto 
propositivo, a poner en marcha un proyecto social democrático y 
participativo en un edificio que estaba vacío y destinado a desaparecer para 
dejar paso a una operación especulativa.

Tanto el fiscal del Estado como la acusación particular (formada por cuatro 
propietarios, uno de ellos, el dueño de una importante inmobiliaria, 
Arocasa) y el propio juez de instrucción decidieron no tener en cuenta esas 
declaraciones, y se acusó tan solo a 16 personas de ese ?delito? colectivo. 
Los nombres de esas personas procedían de un informe policial en el que se 
metían en una batidora un total de 25 nombres, procedentes de 
identificaciones policiales llevadas a cabo en el desalojo de El Laboratorio 
02, de identificaciones aleatorias en el barrio de Lavapiés y de 
identificaciones de personas que asistían a una reunión de un colectivo 
antiglobalización. Las 16 personas ahora acusadas reconocieron, en su 
primera declaración, realizar actividades o frecuentar El Labo 03, pero 
nunca han asumido que eso sea un delito.

Será al juez, ahora, a quien corresponda calificar penalmente esos hechos y 
decidir si, precisamente, esas 16 personas, o algunas de ellas, entre los 
cientos de participantes en El Labo 03, son las que han de ser castigadas. 
Porque de un castigo se trataría: la propiedad, recuperado el control del 
edificio, lo demolió y está promoviendo ya aquello que era de su interés: 
nuevas viviendas de alto precio para el nuevo sector de alto poder 
adquisitivo que está ocupando, poco a poco, el espacio de un barrio 
tradicionalmente popular y accesible. Fina ironía, que la propiedad denuncie 
el daño causado por la okupación, cuando los beneficios con que cerrará la 
operación serán de millones de euros.

Pero será a la sociedad civil a quien le corresponda calificar políticamente 
esos hechos. Y decidir si se está de acuerdo con que el Código Penal 
castigue a personas que nunca han perseguido el beneficio personal con sus 
actividades en los centros sociales okupados. Serán también los partidos 
políticos con representación institucional en Madrid que apoyaron al 
Laboratorio en tiempos de las movilizaciones contra la guerra, cuando el 
Labo era un espacio de efervescencia de ese movimiento, quienes tendrán que 
pensar si la penalización de la okupación no debe ser inmediatamente 
revisada.

Las administraciones madrileñas (una de cuyas máximas representantes, la ex 
consejera de la Comunidad de Madrid y ahora concejal de las Artes del 
ayuntamiento Alicia Moreno, visitó El Laboratorio 03, conversó con algun en s 
de sus gentes y reconoció públicamente el interés de la iniciativa) tendrán 
que plantearse si es ajustado encarcelar a quienes han participado en una 
experiencia que ha cambiado el imaginario de lo que es posible realizar en 
Madrid en materia social, cultural, artística y de participación. Tanto, que 
en el centro de las prioridades del gobierno municipal se han situado las 
intervenciones sobre las viviendas vacías; tanto que, después de años 
proponiendo un proceso de negociación desde los Laboratorios, el propio 
equipo de Gallardón ha incluido en su plan para el centro de Madrid la 
apertura de un centro autogestionado en Lavapiés, un centro que cientos de 
personas reivindican impulsando la apertura de un debate para su 
constitución en la Antigua Fábrica de Tabacos de Embajadores.

Esos son los componentes básicos de lo que se juzgará el día 8 de marzo en 
Madrid. De producirse una condena a las 16 personas encausadas por el 
proceso de El Laboratorio, la distancia entre la ley y la justicia no hará 
sino incrementarse


Para firmar en apoyo a la experiencia del Labo.03 y exigiendo su no 
criminalizacion
     visitar la pagina www.laboratorio3.net



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