[Bah-alcala] [Bah-general] OT:Comunicado de IU-GASPAR LLAMAZARES APOYANDO la iniciativa Social contra el Convenio entre el CGPJ y AGBAR

Mie Feb 8 11:31:09 CET 2012

BUENOS DIAS!!!

(CON EL RITMO DE LA CANCIÓN ITALIANA BELA CIAO!!!!)
¡¡¡¡¡¡ESTA MAÑANA, ME HE LEVANTADO, Y NO ME HE DUCHAO, NO ME HE DUCHA, NO ME HE DUCHAO CHAO CHAO, PORQUE LA ESPE, PORQUE LA ESPE, EL AGUA HA PRIVATIZAOOO!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=PdNLSiKWhFE

JAJAJAJA

 Os reenvio este interesante correo sobre el tema de la privatización del agua.
Saludos,    Ana

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¡¡Hola a Tod en s!!

Os adjunto el siguiente enlace y el comunicado de Prensa enviado desde IU donde Gaspar Llamazares transmite a Carlos Divar su disconformidad por el Convenio entre el CGPJ y AGBAR.

Por favor, trata de difundir esta noticia para hacerla llegar a todos los que estamos en la lucha por un Agua Pública de Derecho... ¡¡No un gran negocio controlado por unos pocos sometiéndonos a todos a sus doctrinas!!

Hasta Pronto y Seguimos en la lucha...

Pilar Esquinas Rodrigo
Teléfono 639 28 09 84
E-mail: pilaresquinas en yahoo.es

http://www.izquierdaxunida.com/index.php?seccion=noticia&id=7248

Llamazares traslada a Dívar la “Preocupación y Disconformidad” de IU tras firmar el SGPJ un convenio con la fundación AGBAR para formar a jueces sobre derecho de aguas
El portavoz de IU en la Comisión de Justicia explica por carta al máximo responsable de la carrera judicial que esta fundación ligada a la multinacional Suez, que controla más del 50% del negocio del agua en el mundo, tiene un “conflicto de intereses” para poder realizar su tarea y le solicita revisar el acuerdo “para garantizar la formación plural de jueces y fiscales”
06/02/2012 - ComunicadosEl diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, ha trasladado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, la “preocupación y disconformidad” de IU tras conocer las características del convenio suscrito por el máximo órgano de gobierno de los jueces y la privada Fundación AGBAR para crear un observatorio sobre Derecho de Aguas y Medioambiente. Éste será el medio que se utilice para la formación continua de los miembros de la carrera judicial en estas materias.

Llamazares, en una carta dirigida personalmente a Dívar, recuerda al máximo responsable del CGPJ que la firma del convenio con AGBAR supone hacerlo con “una fundación privada ligada a una de las multinacionales mas importantes del sector, Suez, que controla más del 50% del negocio del agua en el mundo, muy marcada por los procesos de privatización de la gestión del agua”.

“A nuestro juicio –señala en su misiva Gaspar Llamazares-, la Fundación AGBAR tiene un conflicto de intereses para coordinar un proceso de debate alrededor de Derecho de Agua, al depender de una entidad, Aguas de Barcelona-Suez, cuyo objetivo fundamental es ampliar su negocio en la gestión del agua, liberalizar el sector, regular el agua con mecanismos de mercado y eliminar aquellas legislaciones que contemplan el agua como un bien común y son desfavorables para su expansión”.

El parlamentario de IU reconoce en su escrito a Dívar que “somos concientes de que el CGPJ posee la competencia exclusiva en materia de formación continua de los integrantes de la carrera judicial”, y expresa su apoyo de que existan mecanismos para mejorar la formación de los jueces, pero reitera que “sería un grave error que estos programas de formación puedan ser dirigidos por una entidad como la Fundación AGBAR, cuyos intereses pueden condicionar el resultado del Foro que se pretende constituir”.

Llamazares recuerda también en su escrito los problemas que ha tenido esta multinacional con distintas administraciones, tanto en España como en importantes capitales del mundo, donde ha sido acusada de “prácticas abusivas” y algún caso aún pendiente por resolver con la Justicia.

Tras todas estas valoraciones y explicaciones, el portavoz de IU en la Comisión de Justicia solicita al presidente del CGPJ que “se proceda a revisar el convenio suscrito con Fundación AGBAR con el objeto de garantizar una formación plural a los futuros jueces y fiscales, próxima a la realidad que viven los ciudadanos y no exclusivamente a los intereses empresariales del sector y, sobretodo, una formación global que comprenda las distintas visiones que desde el ámbito jurídico y académico, y también de la sociedad civil, existen sobre el Derecho de Aguas”.

A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO DE LA CARTA REMITIDA POR GASPAR LLAMAZARES A CARLOS DÍVAR

A la Atención del Excmo. Sr. D. Carlos DÍVAR BLANCO 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial

Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 

Se ha tenido conocimiento de que el pasado mes de diciembre de 2011 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fundación AGBAR han suscrito un convenio por el que se establecerá un observatorio-foro sobre Derecho de Aguas y Medioambiente.

Debido a la gran repercusión e importancia que está suscitando esta materia, ya que afecta a todos los ámbitos de la vida personal, económica y social tanto española como europea, desde Izquierda Unida queremos manifestarle nuestra preocupación y disconformidad con el convenio antes mencionado, suscrito entre el CGPJ y una fundación privada ligada a una de las multinacionales mas importantes del sector, Suez, que controla más del 50% del negocio del agua en el mundo, muy marcada por los procesos de privatización de la gestión del agua.

En las bases de dicho Convenio se acuerda ‘la realización de actividades conjuntas en materia de formación, con la finalidad de ampliar conocimientos en materias medioambientales, con miras a la creación de un foro permanente sobre Derecho de Aguas’. 

A nuestro juicio, la Fundación AGBAR tiene un conflicto de intereses para coordinar un proceso de debate alrededor de Derecho de Agua, al depender de una entidad, Aguas de Barcelona-Suez, cuyo objetivo fundamental es ampliar su negocio en la gestión del agua, liberalizar el sector, regular el agua con mecanismos de mercado y eliminar aquellas legislaciones que contemplan el agua como un bien común y son desfavorables para su expansión.

Además, su gestión en los últimos años ha sido muy controvertida y conflictiva, confrontada con gobiernos y autoridades municipales por sus prácticas abusivas (subidas indebidas de tarifa, incumplimiento del contrato, opacidad en las cuentas, etc.) que han obligado a las autoridades correspondientes a rescatar concesiones obtenidas por AGBAR-Suez tan emblemáticas como La Paz-El Alto, Buenos Aires o París.

Según hemos podido conocer, en nuestro propio país AGBAR tiene pendiente la resolución del recurso sobre la sentencia emitida el 5 de octubre del 2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, donde el juez concluye que “la ausencia de contrato de concesión del servicio y la situación ilegítima en la que se encuentra la Sociedad General de Aguas”, y que “el precio que la Sociedad General de Agua de Barcelona cobra sin contraprestación del servicio que proporciona a los ciudadanos de Barcelona es ilegal”.

Somos concientes de que el CGPJ posee la competencia exclusiva en materia de formación continua de los integrantes de la carrera judicial y, por tanto, consideramos necesario y acertado potenciar una formación de calidad, que sirva para mejorar el conocimiento sobre el Derecho de Aguas, en la que se contemplen todas las visiones que sobre la materia hay en los ámbitos jurídicos y académicos, y en la propia sociedad española, pero sería un grave error que estos programas de formación puedan ser dirigidos por una entidad como la Fundación AGBAR, cuyos intereses pueden condicionar el resultado del Foro que se pretende constituir.

Por los motivos expuestos, solicitamos que se proceda a revisar el convenio suscrito con Fundación AGBAR con el objeto de garantizar una formación plural a los futuros jueces y fiscales, próxima a la realidad que viven los ciudadanos y no exclusivamente a los intereses empresariales del sector y, sobretodo, una formación global que comprenda las distintas visiones que desde el ámbito jurídico y académico, y también de la sociedad civil, existen sobre el Derecho de Aguas.  

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