Siendo jefe a cargo del departamento laboral del estudio, me siento obligado a marcar premisas y pautas de trabajo que guíen nuestra actividad diaria, asesorando y buscando soluciones a una situación social y trabajo de máxima tensión entre las partes involucradas en el marco de un contrato de trabajo y que debe encontrar un norte.
El último trimestre del año 2020 fue, laboralmente hablando, una guerra.
Llovieron sobre el Ministerio de Trabajo (SECLO), miles de acuerdos con el objeto de que los mismos se homologuen y tengan la fuerza de una sentencia administrativa y documento hábil para ambas partes.
La cruzada tenía como actores necesarios a los conciliadores laborales que buceaban alternativas de acuerdos que posibilitaran su homologación, teniendo que luchar contra una importante y confusa suma de decretos que en concreto, impedían el despido de un trabajador y sancionaban aun en casos extremos, a los empleadores que intentaban encontrar salidas honorables de su gente de trabajo.
Usaban su espada on-line para viabilizar acuerdos, adecuar convenios, cambiar reglas, entender y traducir qué quería o pretendía el Ministerio para dar fuerza a un acuerdo, en muchos casos sin tener ningún precedente que avale los cambios propuestos.
Por el otro lado, nosotros los abogados laboralistas, intentando cumplir con formatos que buscaban negar la realidad de los cierres de empresas y el caos económico que produjo el COVID y sosteniendo a muchos en esta pelea desigual de todos contra todos.
En el curso del mes de enero 2021 -digamos ayer- pude extraer alguna conclusión que presento a mis lectores y seguidores, con el ánimo de al menos avisar que el conjunto de normas, decretos y resoluciones que se mezclan y contradicen hace a la tarea de conciliar y acordar simplemente una misión (casi) imposible.
