La
población palestina en
Gaza, sometida por el
Estado de Israel a un
inhumano bloqueo por
tierra, mar y aire desde
hace 12 años, lanzó el
pasado 30 de marzo la
campaña de la Gran
Marcha del Retorno. En
ella, reclama el derecho
que como personas
refugiadas tienen a
volver a sus hogares,
tal y como lo estipula
el derecho
internacional, en
concreto, la Resolución
194 de la Asamblea
General de la ONU.
Desde entonces Israel ha
asesinado a más de 100
palestinos y palestinas
en las protestas
semanales, 58 sólo en el
14 de mayo de 2018, y ha
herido a más de 12 000,
muchas con heridas
permanentes para toda la
vida.
La compra de material y
tecnología israelí
abarata los costes de su
industria de ocupación y
represión. Por ello, en
primer lugar, esa
compra nos convierte
en cómplices de su
acción criminal.
En segundo lugar, la
adquisición de su
tecnología y
asesoramiento implica la
importación de
procedimientos y
doctrinas de seguridad
desarrolladas y
basadas en la
vulneración de los
Derechos Humanos
y su aplicación en
nuestras sociedades,
minando nuestro propio
Estado de Derecho.
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