De los
pantanos a Bagdad: ¿misión
cumplida?
Publicado el
4 de septiembre de 2007
Por Amy
Goodman
Al cumplirse
el segundo aniversario del huracán Katrina, varias decenas
de residentes de viviendas públicas y activistas marcharon hasta la
sede de la
Oficina de la Vivienda de Nueva Orleans. Los manifestantes ocuparon las
oficinas durante horas. Mientras el ejército y la policía rodeaban el
edificio,
Sharon Sears Jasper, una residente desplazada del emprendimiento de
viviendas públicas
Saint Bernard, declaró: “No vamos a detenernos. Nos negamos a
permitirles que
tiren abajo nuestros hogares y destruyan nuestras vidas. El gobierno,
el
presidente de los Estados Unidos, todos nos han fallado. Nuestra gente
ha
estado desplazada por demasiado tiempo. Se están muriendo por el
estrés, la
depresión y por tener a sus familias desperdigadas. Exigimos que
habiliten
todas las viviendas públicas. Traigan a casa a nuestras familias ya”.
Por otro lado, el día anterior a esta
manifestación le pregunté al alcalde Ray Nagin si le había planteado
alguna
exigencia al presidente Bush mientras cenaban juntos la noche anterior.
Bush
acababa de hablar en una escuela que lleva el nombre de Martin Luther
King,
cuyos planteamientos sobre la raza y la pobreza quedan crudamente
expuestos en
Nueva Orleans. A diferencia de aquellos que han perdido sus hogares, el
alcalde
respondió: “No era momento de exigencias”.
Tracie Washington es la presidenta del
Instituto
de Justicia de Louisiana (Louisiana Justice Institute) y ha residido
toda su
vida en Nueva Orleans. Ella afirma que sólo una cuarta parte de las más
de
5.000 viviendas para personas de bajos ingresos de Nueva Orleáns está
ocupada.
“Nuestro gobierno piensa que hay que desmantelar el antiguo sistema de
las
viviendas subsidiadas por el estado, que hay que clausurar los
edificios.
Estamos en medio de un litigio para cambiar esta situación, pero es
tremendamente lento, y la situación es trágica”.
Tracy Washington describe el plan mediante el
cual el sistema de viviendas públicas subsidiadas será convertido en el
sistema
de emprendimientos inmobiliarios conocido como “mixed-income”, en el
que una
parte de los departamentos son reservados para inquilinos de ingresos
medios o
altos : “Algunas de estas edificaciones
que están cerradas no se vieron afectadas en absoluto por el
agua. Pero
se tomó la decisión de aprovechar la oportunidad. El huracán Katrina
llegó.
‘Mira lo que podemos hacer. Podemos mantener a estas personas lejos de
aquí,
traigan las excavadoras, tiren abajo esta edificación’”.
No se trata sólo de los inquilinos. También
están demoliendo viviendas de particulares. Tracie explicó que la
ciudad
instituyó una asombrosa regulación para permitir la demolición legal de
casas.
Mientras que anteriormente los propietarios tenían al menos 120 días y
varios
niveles de apelación para evitar que sus viviendas fueran demolidas,
Nagin
instituyó una ordenanza de “demolición por amenaza sanitaria
inminente”. Ahora
concede a los residentes únicamente 30 días para detener la demolición.
Para las decenas de miles de habitantes de
Nueva Orleáns que están repartidos por el país, el exiguo aviso que da
la
ciudad —una calcomanía pegada en la propiedad en cuestión más la
mención en un
sitio web de la ciudad y en el periódico The
Times-Picayune— es claramente insuficiente.
Según The Times-Picayune,
además de destruir las viviendas, se embargan las propiedades para
costear la
demolición, preparando así el terreno para que los propietarios
desplazados
pierdan su propiedad y ésta pase a manos de la ciudad.
Es por esta razón que grupos como el Common
Ground Collective, el Instituto de Justicia de Louisiana, el Fondo
Popular de
Ayuda a las Víctimas del Huracán (People´s
Hurricane
Relief Fund) y la Coalición de Supervisión (Oversight Coalition) están
tomando
medidas, en la calle y en los tribunales.
Según el fundador de Common Ground , Malik
Rahim, de las más de 12.000 personas que antes vivían en el Distrito
Noveno,
ahora sólo viven allí alrededor de 400. Caminé con Rahim por donde una
vez hubo
un barrio afroestadounidense densamente poblado y vibrante, ahora lleno
de
terrenos baldíos, lotes vacíos y escuelas e iglesias destruidas. Quedan
en pie
unas pocas casas de ladrillo; aisladas, dañadas.
Curtis Muhammad, residente de Nueva Orleans
de toda la vida y miembro del Comité de Organización Popular (People’s
Organizing Committee), cree que los intereses económicos que están por
detrás
de la fallida reconstrucción deben ser investigados. “La gente ve a
Donald
Trump ahí intentando comprar terrenos, ve a los grandes magnates. Los
barrios
cerrados están creciendo cada vez más. Echa un vistazo a la vivienda
pública.
Podrían haberlo resuelto, podrían haber limpiado todo en una semana si
hubieran
querido. Y así podrían haber hecho regresar a muchas personas a sus
hogares. No
se puede explicar eso”.
Dos años después del Katrina, mientras Bush
volaba de los pantanos a Bagdad, un tribunal popular sobre el huracán
—que
sometía a juicio al gobierno en todos sus niveles— terminaba sus
sesiones en
Nueva Orleáns. Un grupo vendía unas camisetas en las que se lee: “No
creas lo
que dicen. La reconstrucción de la Costa del Golfo no es ‘lenta’: es un
plan de
privatización que nos quita nuestros hogares, escuelas, hospitales y
derechos
humanos”. ¿Misión cumplida?
_________________________
Amy Goodman es la
presentadora de Democracy Now!
(www.democracynow.org), noticiero internacional diario
emitido por más
de 500 estaciones de radio y televisión en Estados Unidos y el mundo.
En
inglés:
http://www.truthdig.com/report/item/20070904_from_the_bayou_to_baghdad_mission_accomplished
traducido
por: Ángel Domínguez y Democracy Now! en
español, [email protected]