Os adjunto el enlace a la página de Ecologistas en Acción, en la que
podéis firmar para pedir la retirada de la propuesta de Ley de Viviendas
Rurales Sostenibles:
http://www.ecologistasenaccion.org/article22947.html

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está tramitando una nueva ley para
permitir construir viviendas y urbanizaciones en el suelo protegido de
toda la región. Las parcelas deberán tener 5 ha de superficie para
suelos protegidos por el planeamiento y 10 ha para los que tengan
protección sectorial.
En ambos casos se permitirá edificar un 1% de la superficie de la
parcela, dando como resultado viviendas de 500 a 1000 m2 de superficie
en una sola planta.
Esto quiere decir que se podrán edificar viviendas aisladas y
urbanizaciones formadas por grandes fincas en espacios protegidos,
montes preservados, humedales, embalses, dehesas, etc. Estas viviendas
se encontrarán en situaciones poco controlables y serán de tal tamaño
que será prácticamente imposible comprobar los usos que alojan ni su
subdivisón o ampliación fraudulenta, de forma que se producirá una
degradación irreversible del territorio.
Por poner un ejemplo, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, de 52.796 hectáreas de extensión de las cuales el 65% son de
titularidad privada, se podrían construir 3.431 viviendas de 1000 m2 de
planta cada una, pudiendo hacerse una o varias urbanizaciones dentro del
propio Parque Regional con accesos restringidos, donde difícilmente se
podrá controlar la protección real del entorno. La nueva ley de
viviendas rurales sostenibles como se denomina, en un claro ejercicio de
demagogia, se justifica en un impacto beneficioso para la economía
madrileña y en el convencimiento de que existe una gran demanda de este
tipo de viviendas
Con estos argumentos tan manipuladores, este anteproyecto de ley plantea
un "todo vale" en suelos protegido y supone una amenaza para el medio
natural, dado que facilita la urbanización de suelos rurales con
protección, convirtiendo el urbanismo, en la Comunidad de Madrid, en una
disciplina laxa sin herramienta alguna para proteger el interés general,
ni controlar la dispersión urbana o el consumo irracional del suelo.
Pide a Esperanza Aguirre y a la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio que detengan esta nueva Ley.

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